Una semana antes de la conclusión del periodo legislativo, el Congreso saliente dio una muestra más de su escala de prioridades: pesan mucho más los beneficios corporativos y las conveniencias egoístas que los grandes intereses nacionales. En efecto, al mismo tiempo en que se dilataba una vez más el tratamiento del proyecto del metrobús -una larga aspiración de la ciudadanía que debe soportar diariamente el pésimo servicio del transporte público- los legisladores se autoasignaban nuevos irritantes privilegios y se concedían favores al funcionariado del Poder Legislativo. Los diputados aprobaron un nuevo y más ventajoso sistema de jubilaciones para los miembros del Parlamento, en tanto que en el Senado se resolvía la i
Estas últimas resoluciones son perfectamente compatibles con la práctica que este Parlamento ha tenido en los cinco años del ciclo que concluye. Desde que se instaló el Congreso saliente, la abrumadora mayoría de sus integrantes -salvo honrosas y valiosas excepciones- demostró con sus actos cuán alejada se encontraba de la realidad del país y de las necesidades de la ciudadanía.
Se aumentaron en varias oportunidades sus remuneraciones; incrementaron el Presupuesto General de Gastos de la Nación en forma irresponsable y por motivaciones clientelistas y prebendarias; las constantes ausencias en las reuniones de comisión y en las plenarias fueron la tónica de un deficiente desempeño legislativo, caracterizado por la pobreza de ideas y ausencia de debate; dilapidaron recursos públicos en incontables pensiones graciables; hicieron extensos y costosos viajes a diversos destinos con el propósito de hacer turismo y sin aportar el más mínimo beneficio al país; aprobaron la contratación de miles de operadores políticos en la Justicia Electoral, desangrando al límite las arcas del Estado; dejaron sin estudio y tratamiento numerosos proyectos que son del más alto interés para nuestro país, como el caso del metrobús o la Ley de Educación Superior, por citar dos casos.
En fin, se va un Congreso que fue claramente aplazado por la ciudadanía y cuya contribución a la solución de los grandes problemas del país ha sido casi inexistente. Este comportamiento tiene efectos muy peligrosos porque socavan la legitimidad de las instituciones. La ciudadanía, ofendida por el abismo que la separa de sus “representantes”, puede acabar por identificar a los individuos con las propias instituciones, lo que constituye el caldo de cultivo ideal para propuestas autoritarias de todo signo ideológico. Detrás de la irresponsabilidad de sus integrantes es la imagen de la institución la que puede quedar desprestigiada. Con las visiones sectarias y corporativas, los miembros del Congreso lo único que consiguen es suministrar cada vez más argumentos a los intolerantes y autoritarios que siempre acechan esperando la oportunidad de asestar golpes a la institucionalidad democrática.
Por todo ello, el nuevo Congreso que se instalará en julio tiene la oportunidad y el deber de marcar una diferencia sustancial con su antecesor, desde el inicio. Se espera de él no solamente una mayor y mejor producción legislativa, sino también un profundo cambio de actitud. Los diputados y senadores deben recordar que son representantes del pueblo, no autoridades que se encuentran por encima de quienes le otorgaron sus votos y confianza y que tienen la libertad de disponer a su antojo del mandato que recibieron o de los recursos públicos. Los nuevos legisladores tendrán la oportunidad de impulsar una indispensable renovación ética en el nuevo ciclo que comienza.
http://www.lanacion.com.py/articulo/130934-balance-legislativo.html
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