Equidad económica

El BCP anunció recientemente una estimación del crecimiento del PIB del 13% para este año. Este nivel de crecimiento tendrá lugar gracias a una rápida recuperación de la agricultura, luego de las inclemencias climáticas del periodo 2011-2012; a la expansión de la ganadería y de su cadena productiva, tras la superación del brote de fiebre aftosa del año 2011, y al aumento de las construcciones.

Esta cifra debería enorgullecernos; sin embargo, se oscurece al analizar la trayectoria del crecimiento de la última década y su vinculación con el bienestar general. Los informes dan cuenta de la reducida vinculación entre el crecimiento del PIB y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

El histórico crecimiento del 13,1% del 2010 aumentó el ingreso de los estratos sociales superiores en un porcentaje mayor que ese, mientras que las familias en pobreza extrema permanecieron igual y las familias en pobreza moderada lo sintieron. Este resultado es producto de un modelo económico cuyo crecimiento se basa en exportaciones con escaso valor agregado y poco impacto en el mercado laboral, lo que hace que sus beneficios se concentren en una escasa proporción de la población.

Si el crecimiento económico por sí mismo no genera empleos de calidad, que se traduzcan a su vez en ingresos para las familias, y por esa vía se redistribuyan los beneficios de este buen desempeño económico, solo queda fortalecer las políticas públicas, de manera que desde el sector público se puedan generar las condiciones de bienestar con las que cuenta un país en el siglo XXI. Lograr esto implica transformar el modelo productivo, fortaleciendo la agricultura familiar y la industrialización, sectores de fuerte absorción de mano de obra. Paralelamente, es necesario mejorar el capital humano y reducir la pobreza extrema y las inmorales exclusiones que hoy sufre gran parte de la población paraguaya.

Pero esto será difícil porque la combinación de este patrón de crecimiento económico con una estructura tributaria inequitativa no genera los recursos públicos necesarios para lograr resultados de amplia cobertura en la política pública; por lo tanto, las políticas industriales, las políticas activas de empleo, la ampliación de fondos de financiamiento para el desarrollo y para infraestructura, de innovación agropecuaria y las sociales, se mantendrán con una escasa cobertura y calidad.

Debemos reflexionar, sobre todo las autoridades, acerca de esta situación. La viabilidad económica, social y política de un país está en peligro cuando quienes más se benefician de un excelente desempeño macroeconómico no contribuyen suficientemente para que el resto también lo haga.

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