¿Otra agresión a Paraguay?

Un nuevo riesgo de grandes proporciones proveniente de la Argentina comienza a asomarse en el horizonte del Paraguay. El Gobierno de ese país se apresta a desarrollar un proyecto de construcción de una planta nuclear para generación de electricidad en la vecina provincia de Formosa. Llama la atención que ese gobierno no haya consultado con el paraguayo acerca de semejante proyecto, por cuanto las disposiciones de todos los tratados internacionales sobre la materia contienen la obligación de realizar consultas entre los Estados que pudieran verse afectados en su seguridad, por instalaciones que empleen material radiactivo en cantidad suficiente para crear riesgos globales o regionales. El Gobierno paraguayo tiene ante sí otro conflicto en ciernes. Va siendo hora de que nuestra voz se escuche más fuerte en esta región.

Una nueva amenaza de grandes proporciones, proveniente de la Argentina, se asoma en el horizonte del Paraguay. El Gobierno del país vecino se apresta a desarrollar el proyecto de construcción de una planta generadora de energía eléctrica a partir de combustión nuclear en la vecina provincia de Formosa.

La información se filtró de fuentes oficiosas, porque, al parecer, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la mantiene en confidencialidad, debido, seguramente, a que es un tema conflictivo en el mundo entero, y particularmente en su país, donde ningún argentino acepta de buen grado la instalación de usinas de alto riesgo.

Llama la atención, no obstante, que ese Gobierno no haya consultado semejante proyecto con el paraguayo, por cuanto en todos los tratados internacionales sobre este tipo de cuestiones figura la obligación de consultar a las partes, o sea, a los Estados cuya seguridad pudiera verse afectada por instalaciones que empleen material radiactivo en cantidad suficiente para suponer riesgos globales o regionales.

La Argentina es signataria de la Convención sobre Seguridad Nuclear de Viena, de 1994, uno de cuyos artículos prescribe literalmente: “Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear proyectada, siempre que sea probable que resulten afectadas por dicha instalación y, previa petición, proporcionar la información necesaria a esas Partes Contratantes, a fin de que puedan evaluar y formarse su propio juicio sobre las probables consecuencias de la instalación nuclear para la seguridad en su propio territorio”. Obviamente, el Gobierno argentino ignoró esta disposición, ya que, mientras trata desconsideradamente al Paraguay, sus funcionarios anuncian el proyecto en otro país, en este caso, en Rusia.

El acuerdo de marras, que contiene muchas otras obligaciones y cargas para los países que pretendan ejecutar proyectos de aprovechamiento de energía nuclear, fue aprobado en la Argentina por Ley Nº 24776 del año 1995. Además, este país aprobó otros tratados sobre la materia, como la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos (Viena, 1997, ratificada por Ley Nº 25022/98). Y el Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (Viena, 1997, ratificada por Ley Nº 25279/00).

Además, tanto Argentina como Paraguay participan de una organización internacional denominada ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina), cuya finalidad está expuesta en su documento fundacional, que dice: “El Programa que se basa principalmente en la cooperación horizontal, técnica y económica con el fin de promover el uso de las diversas técnicas nucleares y sus aplicaciones con fines pacíficos”.

Se mire, pues, este asunto por donde se mire, no cabe justificar que el Gobierno argentino emprenda un proyecto de tan alto riesgo para nuestro país sin siquiera haber abierto una instancia de consulta.

Menos aun considerando que ya fue rechazado en provincias como Córdoba y Mendoza, donde inicialmente se pensó instalar la usina. Aunque el gobernador de la provincia de Formosa haya aceptado –vaya a saberse a cambio de qué ventajas o promesas– que se ejecute en el territorio de su jurisdicción, lo cierto es que no pudo haberlo hecho sin cumplir todos los pasos previos que exigen las normas internacionales, las de su país y las del sentido común, que indican que las decisiones que afectan a la seguridad pública regional no pueden ser tomadas así como así, alegremente, por dos o tres políticos sentados en una oficina.

¿Qué sucedería si Paraguay hubiera iniciado una obra similar, o anunciado su realización, en las inmediaciones de la frontera argentina? Para responder hipotéticamente a esta pregunta bastaría con recordar lo que hizo el régimen de Néstor Kirchner con el Uruguay, en ocasión de discutir la instalación, en este último país, de una planta papelera que los argentinos consideraban ambientalmente peligroso para el suyo. ¡Compárense los riesgos de una planta papelera con los de una usina nuclear!

Regímenes prepotentes como el argentino y el brasileño se permiten con nosotros libertades que jamás nos tolerarían sin tomar represalias, causándonos daños calculados, para hacernos retroceder o simplemente aplastarnos. Lo han hecho centenares de veces en el pasado, lo hacen en el presente, y lo continuarán haciendo cada vez que nuestro país agache la cabeza mansamente ante sus imposiciones.

En este caso, debemos exigir con determinación y energía al Gobierno argentino el cumplimiento de las disposiciones legales que nos protegen contra eventuales actividades peligrosas en las inmediaciones de nuestro territorio. Existe una instancia supranacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la que ambos países formamos parte y a la que habría que recurrir sin más demora, a fin de cautelar nuestros derechos frente a los proyectos confidenciales de los gobiernos, nacional y provincial, del país vecino.

Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tiene ante sí otro conflicto en ciernes, de modo que ha de ponerse a trabajar en este asunto con la premura que exige el caso. Va siendo hora de que nuestra voz se escuche más alto en esta región.