Cuando elijo entre males, porque no tengo otra alternativa, debo elegir el mal menor. Ese es el comportamiento ético y razonable. No tiene sentido elegir el mal mayor pudiendo elegir el menor.
Los docentes tenemos derecho a pedir y exigir salario y retribuciones justas. Si el Gobierno del país no lo hace, tenemos derecho y obligación de reclamar. Si no lo recibimos, lógicamente tenemos que dialogar con el Gobierno, negociar y presionar para conseguirlo. Y antes de tomar una decisión que hace daño seguro, como la huelga, debemos agotar las posibilidades de negociación para lograr la reacción favorable de los gobernantes.
Si todas las huelgas son complejas porque en ellas entran en juego muchos intereses, en el caso de los docentes, la huelga es más compleja todavía, porque, además de los intereses de los protagonistas, que son los docentes y los gobernantes, entran no solo los intereses, sino también las necesidades y derechos humanos de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familiares.
En la huelga docente, que se produce por conflicto no resuelto entre docentes y gobernantes, para presionar a los gobernantes se les castiga a los niños, adolescentes y jóvenes, privándoles nada menos que de la educación. Ese castigo es radicalmente injusto, por dos razones fundamentales: una, porque ellos no son los causantes del problema ni del conflicto entre las partes. La otra, porque ellos no pueden, no están capacitados ni legitimados para intervenir en el conflicto. No intervinieron en la creación del problema y tampoco pueden intervenir en su solución.
¿Qué sentido ético tiene que sujetos que nada tienen que ver en el conflicto, que son inocentes, sean los castigados por dicho conflicto? ¿Quién resarce a los escolares del daño recibido?
El daño que se les hace a los escolares es un daño acumulativo. Si nuestros niños, adolescentes y jóvenes no reciben la educación a la que tienen derecho, el perjuicio no queda solo en ellos y sus familias; a la larga queda para todo el país. Si ellos no reciben buena y constante educación, el país no podrá salir del subdesarrollo.
Hay que reconocer que el daño de repetidas huelgas no queda solamente en el presente de estos educandos, sino que se proyecta al futuro de toda la Nación. Por eso, la legislación sobre las huelgas y el derecho a ellas debe ser muy estudiada.
Obviamente, toda huelga debe ser legal, es decir, estar convocada y ejecutada de acuerdo a las reglas de juego que están previstas en las leyes correspondientes.
La sociedad tiene derecho a exigir a los educadores profesionales un fuerte sentido de responsabilidad social y política, teniendo en cuenta además que ellos son la base principal de la formación de la ciudadanía y de la capacitación de todos para la construcción y el desarrollo del bien común. Si el ejemplo de los mayores es un factor decisivo en la educación de los menores, los profesionales de la educación deben considerar seriamente que la huelga que castiga injustamente a los inocentes no es un buen ejemplo.
Por su parte, la sociedad, además de tener derecho a exigir responsabilidad a los educadores profesionales, tiene también la obligación de darles los derechos que les corresponden. Mientras nuestra sociedad siga menospreciando la profesión docente, mientras no se reconozcan verbal y operativamente la grandeza, dignidad y trascendencia de la profesión de educar, seguiremos en interminables escaramuzas de luchas gremiales reivindicativas y lamentos por situaciones de crisis.
La queja del bajo nivel de competencia profesional de los educadores resta apoyo de la sociedad a las reivindicaciones gremiales. La sociedad desea que las mejoras salariales repercutan en mejor calidad profesional. Y los educadores necesitan que la sociedad reconozca sus derechos profesionales para alcanzar los niveles que de ellos se esperan.
Por J. Montero Tirado
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-huelga-es-un-mal-603328.html
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