Chatura moral e intelectual

Hay una asamblea de “ochenta príncipes”, cada uno de los cuales tiene derecho a un séquito de ocho a diez personas de confianza. Lo dijo Juan Bartolomé Ramírez, presidente de esa asamblea que, no obstante, sigue llevando el prosaico nombre de Cámara de Diputados. Si bien el número de príncipes se mantiene constante, el de cortesanos aumenta porque los nuevos se suman a los anteriores, tanto que hoy ya son 1.088 los que modestamente se hacen llamar funcionarios o contratados. Es claro que a los súbditos, comúnmente conocidos como ciudadanos aportantes de impuestos, les resulta cada vez más caro sostener a tantos aristócratas: el presupuesto de la corte pasó de 76.341 millones de guaraníes en 2008 a 224.894 millones este año. Pocas veces se habrá visto, en la historia del Paraguay, tanta desfachatez por parte de quienes, en vez de representar al pueblo, se aprovechan de él escandalosamente. 

Hay una asamblea de “ochenta príncipes”, cada uno de los cuales tiene derecho a un séquito de ocho a diez personas de confianza. Lo dijo Juan Bartolomé Ramírez, presidente de esa asamblea que, no obstante, sigue llevando el prosaico nombre de Cámara de Diputados. Si bien el número de príncipes se mantiene constante, el de cortesanos aumenta porque los nuevos se suman a los anteriores, tanto que hoy ya son 1.088 los que modestamente se hacen llamar funcionarios o contratados. Es claro que a los súbditos, comúnmente conocidos como ciudadanos aportantes de impuestos, les resulta cada vez más caro sostener a tantos aristócratas: el presupuesto de la corte pasó de 76.341 millones de guaraníes en 2008 a 224.894 millones este año. 

La tragicómica opinión que encabeza estas líneas fue un intento de justificar el uso del presupuesto en favor de esposas, hijos, amantes y niñeras de una serie de variopintos legisladores. Para negar una información de interés público, solicitada por la prensa en el ejercicio de un derecho constitucional, se esgrimió cínicamente la tesis del “derecho a la intimidad” de quienes prestan servicios en el Congreso. Lo que se quería ocultar no era precisamente la supuesta intimidad de los funcionarios y contratados, sino más bien la de los legisladores que instalaron a sus allegados en el Congreso. Es que, una vez que se conocieran los nombres de quienes perciben dinero público mensualmente, iba a resultar fácil relacionarlos con los respectivos benefactores. 

Por eso mismo, el presidente del Senado, Julio César Velázquez, dijo cuánto ganan las 838 personas que allí trabajan, pero no dio sus nombres, los que, sin embargo, al parecer ahora se van a conocer mediante una resolución del plenario de ese cuerpo legislativo. Es claro que también la Cámara Alta tiene sus “príncipes”, aunque solo sean 45. Como era previsible, el encubrimiento fracasó, hasta ahora, al menos en lo que respecta a la Cámara de Diputados. Entonces, su presidente se lanzó a cohonestar los escandalosos nombramientos sin temor al ridículo, ni a la moral, ni a la ley ni a lo que le pueda pasar en las próximas elecciones. Sin esforzarse mucho y tomando a los ciudadanos por idiotas, adujo que los parlamentarios necesitan tener consigo “gente de confianza”, con lo cual demostró su burricie ignorando tanto la Ley Nº 1626/00, que regula la función pública, como la Nº 2777, que prohíbe el nepotismo en ella. El art. 8º de la primera ley enumera taxativamente los “cargos de confianza” y resulta que entre ellos no figuran el de ayudante de legislador o equivalente ni, mucho menos, el de niñera de sus hijos. El art. 1º de la segunda ley impide que los presidentes de las dos Cámaras nombren “a parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos se efectúen en el marco de un concurso público de oposición”. ¿Hace falta insistir en que los cónyuges, hijos, amantes y niñeras que “trabajan” o deberían “trabajar” en la Cámara de Diputados no ganaron ningún concurso de ese tipo? Si se alegara que la prohibición alude a los familiares del presidente y no a los de los miembros, caería de maduro que los nombramientos de quienes están estrechamente relacionados con un legislador derivaron del uso indebido de influencias por parte de este, castigado por la Constitución con la pérdida de la investidura, o que, simplemente, son el resultado de una repartija de cargos entre los diputados, cuyos ocupantes son luego formalmente designados por el presidente. Estos mecanismos de inserción no son excluyentes entre sí. 

En todo caso, los nombramientos fueron nulos por haberse violado el art. 15 de la Ley de la Función Pública, que dispone que el sistema de selección para el ingreso es el de concurso público de oposición. Más allá de lo jurídico, lo que hasta ahora se ha descubierto muestra hasta qué punto ha llegado la chatura moral e intelectual de muchos legisladores, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados. Para él no existen lo que se llama nepotismo ni una ley que lo prohíba. Piensa que quien ocupa un cargo público, como el de congresista, tiene el derecho de que sus allegados vivan a costa de los contribuyentes porque son de su confianza. “Así tiene que funcionar”, dijo, y se quedó de lo más ancho. Cabe preguntarse por qué, si eso realmente está bien, trató de ocultar las cosas. La “intimidad” de los beneficiarios de la práctica comentada tampoco hubiera resultado afectada, ya que no estaría mal ejercer un cargo público solo por merecer la confianza de alguien, por el motivo que sea. Uno se pregunta si está convencido de lo que dice, en cuyo caso su ignorancia es supina, y su descaro, a prueba de fuego, pues solo faltó que añadiera que también influyeron los méritos y las aptitudes. Desde luego, casi todos los demás “príncipes” sostienen lo mismo, incluso los recién llegados, como se ha visto: no tardaron en hacer uso de su influencia o del cupo para colocar a los suyos en el presupuesto. Conste que son los mismos que van a tratar, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, tendiente a reducir el gasto público en materia de personal. El Congreso tiene 1.926 funcionarios y contratados, es decir, 15 servidores públicos por parlamentario, así que no es raro que deambulen por los pasillos del Palacio Legislativo. Pocas veces se habrá visto, en la historia del Paraguay, tanta desfachatez por parte de quienes, en vez de representar al pueblo, se aprovechan de él escandalosamente. Que Juan Bartolomé Ramírez y otros “príncipes” se digan correligionarios de Eligio Ayala desnuda la degradación de nuestra clase política. 

Que no les quepan dudas a los sinvergüenzas de que ya no pueden jugar a las escondidas porque, tarde o temprano, sus trapos sucios salen a la luz, y de que la movilización ciudadana con su voto los desalojará del recinto que hoy deshonran. 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/lamentable-chatura-intelectual-y-moral-de-muchos-legisladores-627227.html