Los parlamentarios se desprestigian solos

Diputado Nacional Juan B. Ramírez

En vez de “velar por la observancia de la Constitución y las leyes” tal como establece la Carta Magna, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan B. Ramírez, la desobedece al argumentar que “lo particular prima sobre lo general”. Esta afirmación contradice el artículo de la máxima ley de la República que indica que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. Su posición desnuda ignorancia, soberbia y descaro. Al negar la nómina de funcionarios solicitada por ÚH, a la que también adhiere el presidente del Senado, Julio Velázquez, y dando respuestas antojadizas, los legisladores se desprestigian por sí solos.

El artículo 202 de la Constitución Nacional establece que uno de los deberes del Congreso —es decir, de diputados y senadores— es velar por su observancia y por la de las leyes. Este papel de contralor que se le asigna implica que los parlamentarios tienen que ser los primeros en respetar, cumplir y exigir el cumplimiento de las normas.

Sin embargo, ante el pedido de Última Hora de proporcionar el número de funcionarios contratados y nombrados, los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados se han negado a proporcionar el dato requerido, aunque el titular del Congreso —co

n omnipotencia—, dijo que dará la lista de los funcionarios de la Cámara Alta “en su momento”.

La negativa es en abierta violación del artículo 28 de la Carta Magna que sostiene que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.

El presidente de la Cámara de Diputados le dio otra vuelta de tuerca a su insostenible posición al afirmar que “lo particular prima sobre lo general” cuando que, de modo expreso, el artículo 128 manda que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. Ni por asomo habla de excepciones. Ni siquiera las que puedan escudarse en un pedido firmado por un pequeño grupo de funcionarios cuyas identidades ya se conocen.

Con la actitud asumida por los que encabezan ambas Cámaras del Congreso, la conclusión es que se consideran un suprapoder. Y que, como tal, están por encima de las leyes. Ni más ni menos, esto es un retrato de la dictadura al amparo del marco democrático.

No contenta con negar información pública a la prensa —es decir, a la ciudadanía que le paga sus millonarios ingresos mensuales—, la Cámara de Diputados pide al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Hacienda y la Universidad Nacional de Concepción que remitan las listas de asalariados, su antigüedad y otros datos.

¿Con qué autoridad moral pueden requerir informes los que se niegan a dar a conocer datos que son de carácter público?

El senador liberal Luis Alberto Wagner dijo que hay una campaña de desprestigio contra el Congreso. Él y los que coinciden con su criterio tienen que tener muy claro que con actitudes como las que adoptan muchos parlamentarios no hace falta campaña alguna. En materia de embarrar su imagen, ellos se autoabastecen con creces.

Ninguna firma de convenio para fomentar la transparencia será creíble mientras los diputados y senadores se obstinen en esconder de sus mandantes información acerca del destino del dinero público.

Ellos no son dueños de lo que administran. Tampoco están facultados a violar la Constitución. Sin embargo, dictatorialmente, lo hacen.

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