Principios repulicanos

El sábado se recordaron los 200 años de la proclamación de la República del Paraguay. Fue éste el paso definitivo que consagró sin la menor sombra de dudas la independencia de nuestra nación de cualquier poder extranjero. Si bien la soberanía paraguaya estuvo amenazada en los años siguientes en un contexto de inestabilidad en la región, el 12 de octubre de 1813 quedó muy claro, de hecho y de derecho, para los propios paraguayos, que la independencia era la voluntad de todos y que era irreversible e irrenunciable. Nuestra nación asumía para su gobierno la forma republicana, inspirada en las instituciones romanas, entre ellas el consulado, compartido por el doctor Rodríguez de Francia -soporte intelectual de la Revolución de Mayo- y por Fulgencio Yegros, indiscutido líder militar del Paraguay independiente.

La fecha pues tiene doble importancia. Por un lado es la ratificación irrevocable de nuestra soberanía y, por el otro, se constituye en la primera República de Sudamérica, en tiempos en que no eran pocos los que planteaban organizaciones estatales distintas, como monarquías o imperios criollos. Los 1.000 diputados que tomaron parte del Congreso de 1813 -elegidos por “pluralidad de votos”, según crónicas de la época- instituyeron además un reglamento de gobierno -cuyo texto original fue exhibido en estos días por la Secretaría de Cultura- al que los cónsules y funcionarios del gobierno debían ajustar su conducta y por el cual se distribuían las diferentes atribuciones, incluida la creación de un tribunal de alzada para dirimir las cuestiones judiciales. Se cuenta que el fervor patriótico era tal que los diputados echaron del recinto al único de ellos que abogó tímidamente por la unión con Buenos Aires.

Al acto central de conmemoración de tan trascendental fecha para nuestra historia, con la presencia del presidente de la República y el titular de la Corte Suprema de Justicia, solo acudieron cinco legisladores. Este “vacío” de los diputados y senadores no resulta extraño a la luz de las últimas actitudes asumidas por los legisladores.

En este sentido, es todo un síntoma de la escasa vigencia de los principios republicanos en el Congreso las declaraciones del presidente de la Cámara Baja, Juan Bartolomé Ramírez, quien llamó a los diputados “80 príncipes”, cada uno de los cuales necesita un mínimo de “10 empleados de confianza” solventados naturalmente por cuenta del Estado. La negativa de senadores y diputados de transparentar la nómina de empleados del Poder Legislativo -donde aparecen hijos, hermanos, esposas, novias, recomendados y toda clase de allegados a los mismos parlamentarios- es el comportamiento de una casta que se siente por encima de la ley y de los demás ciudadanos, con privilegios y prerrogativas que están muy lejos de cualquier valor republicano.

La defensa de los miles de operadores partidarios en la Justicia Electoral y otras instituciones, el festín con recursos públicos en las pensiones graciables y la frecuente autoasignación de beneficios y remuneraciones son otras tantas muestras de una visión de la política que concibe al patrimonio del Estado como propiedad de los políticos y las autoridades. Esta visión parece más asociada precisamente a príncipes y reyes antes que a auténticos republicanos y demócratas.

Paraguay necesita encender de nuevo aquel entusiasmo patriótico de 1813, cuando con una enérgica determinación se resolvió romper las cadenas impuestas por todo tipo de amos, se encuentren éstos dentro o fuera de nuestras fronteras.

Educa y padece

Ya estamos por cumplir 25 años de democracia, pero el proceso de aprendizaje de vivir en un estado de derecho donde los mandatarios deben hacer lo que sus mandantes les dicen lo que deberían hacer, parece no ser aprehendido ni aprendido.

El mandatario se sigue comportando como un señor feudal cuando le piden cuentas, y nos sale con el argumento de que dará la información no cuando le pidan, sino cuando “a él le dé la gana”. El mandatario infiel se revela contra su mandante y lo hace de manera soberbia, altanera e ilegal. Se comporta como un carpero, un invasor y un canalla. Argumenta cosas tan estúpidas, como que el sindicato de empleados no desea que esa información se haga pública porque las demandas de prestación de alimentos vendrían sobre montos reales y no los falsos que han dado a la Justicia, por ejemplo. O todavía algo peor: afirmando que el hecho de ser funcionario público se equipara al del empleado privado.

Todo esto creíamos hace rato haberlo aprendido en democracia, pero… me temo que debemos hacer volver a la escuela a los que han pasado de grado sin tener la capacidad suficiente.

Así como se queja el Ministerio de Educación de los docentes que tiene y que fueron admitidos por ellos por criterios no profesionales, y a los que incluso amenaza con no pagarles el salario por las huelgas realizadas, un tribunal de apelaciones le argumenta que quien debería presentar el alegato no es el Ministerio, sino el procurador, con lo cual desnuda la escasa inteligencia puesta a defender los intereses colectivos, así también nuestros legisladores e incluso cualquier funcionario se cree por encima de su soberano: el pueblo. Este que es humillado incluso hasta cuando le lleva dinero a un Estado que, además de comprar leche a cuatro veces el valor de mercado, se remolonea diciendo que “¡quién se cree a

lguien para pedirle cuentas…!

Estamos todos locos o es que los políticos, todos hijos de la dictadura, no han aprendido la lección más elemental de la democracia: los actos y las cuentas públicas son de libre acceso. Son públicos o sea abiertos al escrutinio, crítica y demandas de la ciudadanía. Esto debemos aprender todos, incluido algún diario que padece hoy los efectos de lo mismo de lo que se opone cuando se trata de reglamentar el artículo 28 de la Constitución Nacional. Necesitamos una ley que obligue y eduque a aquellos que hoy osadamente rechazan cualquier demanda de información.

Se imaginan ustedes que si así lo hacen con los medios de comunicación, ¿qué pasaría si un humilde paraguayo de a pie le reclamara lo mismo a su intendente local?

Hay demasiados alumnos aplazados en democracia que han pasado de grado sin tener conocimiento ni capacidad. Deben volver al kínder como muchos alumnos a los que los maestros huelguistas en connivencia con el MEC han venido aprobando sin saber leer ni escribir. Estos serán los futuros legisladores, presidentes, procuradores o abogados del Estado. Requerimos educación cívica urgente; de lo contrario, los costos a la democracia serán tan inmensos que el retorno autoritario será gritado y apoyado por millones.

Hay que evitar el suicidio de la democracia y una de sus formas es condenando la actitud y el modo autoritario de comportamiento de nuestros mandatarios. El poder debe volver a los mandantes originales: el pueblo. Alguien dijo muy bien: “Educa a tus políticos o padécelos”. Y tenía más que razón en el caso paraguayo.

http://www.ultimahora.com/el-rezago-pedagogico-democratico-n726880.htm

Transparencia, principio ético y democrático

En Paraguay la noción del servidor público, de la política como “la más alta expresión de la caridad”, al decir del papa Francisco, sencillamente no existe. Décadas de abuso de autoridad y de corrupción impune han colocado en el imaginario social prácticamente a cualquier funcionario público muy por encima del resto de los ciudadanos.

La mayor tergiversación política, la que se encuentra en el origen de todos los vicios y prácticas nocivas de nuestra política, es la que sostiene y alimenta la creencia de que las autoridades y, por extensión, los funcionarios públicos se hallan por encima de los ciudadanos comunes.

Esta distorsión es una de las causas del desprestigio de la clase política que salvo escasas excepciones concibe la actividad pública como una carrera tras un botín: quien llegue primero a los bienes y recursos del Estado tiene todo el derecho de disponer de ellos a su antojo y excluir de la administración a cualquiera que no demuestre plena fidelidad al partido o al caudillo.

Las autoridades electas son portadoras de un mandato por la libre voluntad de la mayoría de la ciudadanía, no son acreedores de privilegios o de prerrogativas ilimitadas. Los representantes electos, por su parte, tienen un vínculo y una responsabilidad aún más directas con quienes les votaron. En Paraguay, sin embargo, la noción del servidor público, de la política como “la más alta expresión de la caridad”, al decir del papa Francisco, sencillamente no existe. Décadas de abuso de autoridad y de corrupción impune han colocado en el imaginario social prácticamente a cualquier funcionario público muy por encima del resto de los ciudadanos.

Un empleado administrativo con el papel de acelerar o demorar un trámite o algún otro con la facultad de sellar o no un documento ejerce ese poder de la forma más discrecional que se pueda concebir. Actúa así a la espera quizás de algún soborno que lo “estimule” o incluso sin ningún propósito, por inercia. Si en los rangos más básicos de la administración pública ocurre así, ¿qué cabe esperar de los estratos más altos?

En este marco cultural deben interpretarse las actitudes de los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el liberal Juan Bartolomé Ramírez y el colorado Julio César Velázquez, respectivamente. Ambos políticos se han negado sistemáticamente a hacer pública información sumamente relevante en relación a la gestión y destino de los recursos públicos en el Poder Legislativo. Han rechazado sin tapujos revelar la nómina de funcionarios y las remuneraciones que éstos perciben como si tuvieran ese derecho, como si los paraguayos no pudieran exigir información concreta y veraz acerca de cómo se gasta su dinero, como si se debieran primero a sus operadores y recomendados –que integran en mayoría el plantel de empleados del Congreso– antes qu

e a la ciudadanía y a sus electores.

Resguardándose en argumentos absurdos o directamente perversos, ignoraron no solo disposiciones taxativas de la Constitución, las leyes y los reglamentos de las cámaras, sino que abolieron un principio ético elemental de la democracia. La transparencia en la administración del patrimonio público no es otra frase muerta en las leyes de la República, va mucho más allá de eso. Es un pilar intangible de la convivencia social, un valor fundacional de la democracia misma, como la libertad o la igualdad ante la ley.

La tibia reacción de senadores y diputados ante la actitud de los presidentes de las cámaras del Congreso demuestra que la distorsión de la que se hablaba al principio está extendida y generalizada. Es fundamental corregir el rumbo en la brevedad posible, instalando una cultura de la transparencia en toda la gestión pública.

Impulsar este cambio en las prácticas habituales en la política paraguaya es una función que debería corresponderle, precisamente, a los senadores y diputados.

http://www.lanacion.com.py/articulo/142195-transparencia-principio-etico-y-democratico.html