Los parlamentarios se desprestigian solos

Diputado Nacional Juan B. Ramírez

En vez de “velar por la observancia de la Constitución y las leyes” tal como establece la Carta Magna, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan B. Ramírez, la desobedece al argumentar que “lo particular prima sobre lo general”. Esta afirmación contradice el artículo de la máxima ley de la República que indica que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. Su posición desnuda ignorancia, soberbia y descaro. Al negar la nómina de funcionarios solicitada por ÚH, a la que también adhiere el presidente del Senado, Julio Velázquez, y dando respuestas antojadizas, los legisladores se desprestigian por sí solos.

El artículo 202 de la Constitución Nacional establece que uno de los deberes del Congreso —es decir, de diputados y senadores— es velar por su observancia y por la de las leyes. Este papel de contralor que se le asigna implica que los parlamentarios tienen que ser los primeros en respetar, cumplir y exigir el cumplimiento de las normas.

Sin embargo, ante el pedido de Última Hora de proporcionar el número de funcionarios contratados y nombrados, los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados se han negado a proporcionar el dato requerido, aunque el titular del Congreso —co

n omnipotencia—, dijo que dará la lista de los funcionarios de la Cámara Alta “en su momento”.

La negativa es en abierta violación del artículo 28 de la Carta Magna que sostiene que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.

El presidente de la Cámara de Diputados le dio otra vuelta de tuerca a su insostenible posición al afirmar que “lo particular prima sobre lo general” cuando que, de modo expreso, el artículo 128 manda que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. Ni por asomo habla de excepciones. Ni siquiera las que puedan escudarse en un pedido firmado por un pequeño grupo de funcionarios cuyas identidades ya se conocen.

Con la actitud asumida por los que encabezan ambas Cámaras del Congreso, la conclusión es que se consideran un suprapoder. Y que, como tal, están por encima de las leyes. Ni más ni menos, esto es un retrato de la dictadura al amparo del marco democrático.

No contenta con negar información pública a la prensa —es decir, a la ciudadanía que le paga sus millonarios ingresos mensuales—, la Cámara de Diputados pide al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Hacienda y la Universidad Nacional de Concepción que remitan las listas de asalariados, su antigüedad y otros datos.

¿Con qué autoridad moral pueden requerir informes los que se niegan a dar a conocer datos que son de carácter público?

El senador liberal Luis Alberto Wagner dijo que hay una campaña de desprestigio contra el Congreso. Él y los que coinciden con su criterio tienen que tener muy claro que con actitudes como las que adoptan muchos parlamentarios no hace falta campaña alguna. En materia de embarrar su imagen, ellos se autoabastecen con creces.

Ninguna firma de convenio para fomentar la transparencia será creíble mientras los diputados y senadores se obstinen en esconder de sus mandantes información acerca del destino del dinero público.

Ellos no son dueños de lo que administran. Tampoco están facultados a violar la Constitución. Sin embargo, dictatorialmente, lo hacen.

http://www.ultimahora.com/los-parlamentarios-se-desprestigian-si-solos-n726316.html

Parlamentarios están en la pavada!!!

El Lic. Freddy D’Ecclessis (ANR), diputado por San Pedro, ha presentado un proyecto de ley para que la calle asuncena 25 de Mayo pase a llamarse Alejo García. Aparte de que ya existe en la capital una calle con este nombre –lo que demuestra que el proponente ni siquiera investigó– y de que la cuestión es de competencia municipal, la iniciativa revela, una vez más, que los legisladores suelen dedicarse a la pavada, como si en este país no hubiera gravísimos problemas en materia de educación, salud, propiedad rural, finanzas públicas o seguridad ciudadana. Si bien un parlamentario no siempre goza de la formación intelectual requerida para tratarlos, por lo menos no tendría que distraer la atención de la ciudadanía ni hacer perder el tiempo a los colegas con propuestas del todo irrelevantes.

Parece que lo que se busca con mociones de este tipo es llamar la atención y darse a conocer como un legislador laborioso. Se cree que la calidad del parlamentario es
tá en relación directa con la cantidad de proyectos de ley arrimados. Se trata de una opinión muy difundida en el Poder Legislativo, tanto que este se precia, a fin de año, del gran número de leyes sancionadas, como si ello fuera una demostración de su buen desempeño. Para nuestros legisladores, cuantas más leyes, mejor, aunque sean pésimas y aunque el Poder Ejecutivo no las pueda o no las quiera hacer cumplir. Para ellos, aunque muchas tengan la trascendencia del proyecto referido, servirían para promocionar al proponente y enaltecer al Congreso, lo que incrementa cada vez más el rechazo de la ciudadanía.

Que en el Paraguay la mayoría de los proyectos de ley tenga origen en el Poder Legislativo y no en el Ejecutivo es, ciertamente, una peculiaridad nacional. Hay una verdadera profusión de leyes, en la que juegan un gran papel las dispendiosas pensiones graciables.

Otra creencia generalizada de nuestros legisladores es que para solucionar un problema hay que crear un nuevo órgano gubernamental, mediante la ley correspondiente. Algún nuevo ministerio, alguna nueva secretaría, una comisión interinstitucional o cualquier otra entidad que involucre nuevos funcionarios, nuevos contratados, nuevos cargos.

Se cree que legislar es gobernar, y no es así. Gobernar es ejecutar correctamente las leyes que sean necesarias y sensatas, mediante los actos administrativos correspondientes. El Poder Legislativo tiene también la importante función de controlar a los otros poderes. Pedir informes, citar e interpelar o crear una comisión de investigación son iniciativas que competen a los legisladores y que deberían ejercerse siempre y cuando se refieran a cuestiones relevantes, no cuando apunten simplemente al espectáculo mediático, y dándoles el seguimiento adecuado. Hasta ahora, las interpelaciones y pedidos de informes realizados en el Parlamento han insumido valioso tiempo de los legisladores y han servido de bien poco, por no decir para nada.

Ni los proyectos de ley presentados ni los mecanismos de control ejercidos deberían responder exclusivamente a la ocurrencia de un parlamentario. Tendría este que auscultar, en lo posible, el sentir y la opinión de los electores, y consultar con sus colegas.

¿Consulta el legislador con la bancada que integra antes de lanzar un proyecto de ley? ¿Responde, en cada caso, a una inquietud de los pobladores del departamento al que representa? En el caso arriba citado, nada sugiere que la bancada colorada de la Cámara de Diputados haya conocido antes el proyecto de ley ni que los ciudadanos del departamento de San Pedro –al que representa el proyectista–, por ejemplo, estén ansiosos de que se cambie el nombre de una calle de Asunción.

Ocurre que el legislador no rinde cuentas ni a su partido ni a sus electores. Como su mandato es irrevocable durante cinco años, puede hacer lo que se le antoje. Recibe una suerte de cheque en blanco. Se dirá que podrá ser castigado con la no reelección, pero puede que el diputado no aspire a ella, o que, si es lo bastante hábil o adinerado para tener un buen lugar en una lista que compita en las elecciones internas, sea reelecto sin que se tengan en cuenta sus disparates legislativos. Para eso están las listas sábana.

Lo antedicho vale también para los senadores. En este caso, como se vota una lista nacional, la distancia que separa al legislador de los electores es aún mayor. Los votantes desconocen a los candidatos, quienes pasan desapercibidos en el boletín de voto, si no encabezan la lista. De nuevo, se elige un partido o alianza, que después no tiene ningún control sobre sus senadores. Estos, ni siquiera son –como los diputados–, al menos teóricamente, responsables ante los ciudadanos de alguna circunscripción en particular, así que con más razón pueden presentar impunemente los proyectos de ley más disparatados. Durante cinco años, no recibirán ni siquiera un apercibimiento de su partido ni de su bancada, y los ciudadanos tendrán que soportarlos durante toda la legislatura. Lo mismo que los diputados, no representan, de hecho, ni a los electores ni a sus agrupaciones políticas. Se representan apenas a sí mismos.

Necesitamos un Congreso que se ocupe de cosas serias y otorgue cierta seguridad en el sentido de que los proyectos de leyes, los pedidos de informes, las citaciones e interpelaciones, así como la creación de comisiones de investigación, respondan a cuestiones de verdadero interés nacional. Es de desear que en este nuevo periodo legislativo los senadores y diputados dejen de “figuretear” y piensen en las cuestiones que pueden realmente interesar a la ciudadanía, al pueblo, del que gustan autodesignarse “representantes”.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nuestros-legisladores-estan-en-la-pavada-605366.html