No más leyes, más conciencia

Cada vez que se toca el tema del medioambiente no faltan las voces que recomiendan al Congreso sacar leyes que impidan tocar arboles o cambiar el uso de la tierra especialmente cuando se trata de ecosistemas frágiles como los humedales, por ejemplo.

Los legisladores, sobre todo los que se han iniciado en esa función, pueden descansar tranquilos. Leyes ambientales sobran o, por lo menos, las hay en abundancia. Son, exactamente, 22 con sus respectivos decretos reglamentarios. Lo cubren todo: prevención de incendios, cambio climático, desertificación, polución sonora, deforestación cero, evaluación de impacto ambiental, protección de áreas silvestres y la lista sigue con otros ítems similares.

Lo que ocurre es que simplemente no se las cumple, o se las cumple a medias o su observación se reduce a un puñado de ciudadanos comprometidos con el futuro ambiental del país. Tomemos uno de los rubros descritos, la polución sonora. La ley que la prohíbe es la 1.100 de 1997 y describe claramente qué se considera polución sonora midiéndola por escala en decibelios; reglamenta con precisión, y les pone límites, a los sitios en los que habitualmente se generan ruidos molestos, incluyendo los vehículos con escape libre o sin silenciador. Es una ley exhaustiva y a la que virtualmente no se le escapa nada.

La pregunta es: ¿Por qué entonces la ciudad está llena de ruidos por todos lados? La respuesta es contundente: porque nadie hace nada. Las municipalidades siempre llegan tarde y la Policía mira para otro lado. Y no es que la ley no prevea la autoridad de aplicación. En su artículo 11 la define con absoluta claridad: “Cualquier persona puede presentar denuncia ante cualquier autoridad municipal o policial en su caso, la que está obligada a intervenir y disponer la prohibición o la reducción de los ruidos molestos”. Está obligada a intervenir... eso es absolutamente claro. Pero cuando se realiza la denuncia, la excusa de la policía antes de actuar es: ¿El ruido proviene de una propiedad privada o de la vía pública? Esta falacia otorga absoluta impunidad al transgresor, como cualquier ciudadano puede comprobarlo a diario.

Una ciudad ruidosa, sin autoridades que apliquen las leyes existentes, es una ciudad poco amigable sobre todo para visitantes extranjeros. Recientemente, un hotel de una cadena internacional perdió ser sede de un gran evento profesional pues el evaluador enviado por los organizadores percibió, aún con las ventanas cerradas, un gran estruendo nocturno proveniente de una disco cercana. Cuando supieron que ese ruido no podría ser eliminado, cancelaron la reservación. Doscientas setenta y cinco noches perdidas para la empresa. Un daño material sin reposición, todo porque las leyes ambientales, en el Paraguay, son letra muerta.